Las asociaciones del medicamento y la cosmética instan a una transposición “prudente” de la Directiva sobre aguas residuales Las principales asociaciones españolas de los sectores farmacéutico y cosmético han hecho público un comunicado conjunto en el que muestran su apoyo a los objetivos ambientales de la Directiva (UE) 2024/3019 sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas, al tiempo que reclaman una transposición “proporcionada, equilibrada y jurídicamente segura” al ordenamiento español. La declaración conjunta llega tras la finalización de la consulta pública previa del Anteproyecto de Ley impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para adaptar la normativa española a esta directiva, en vigor desde enero de 2025, cuyo objetivo es modernizar las plantas de tratamiento de aguas residuales para reducir la presencia de microcontaminantes. El comunicado está suscrito por la Asociación Española de Laboratorios de Medicamentos Huérfanos y Ultrahuérfanos (Aelmhu), la Asociación Española de Medicamentos Genéricos (Aeseg), la Asociación para el Autocuidado de la Salud (Anefp), la Asociación Española de Bioempresas (AseBio), la Asociación Española de Medicamentos Biosimilares (BioSim), Farmaindustria y Stanpa. Las siete organizaciones encargaron a PwC un informe técnico y jurídico sobre su alcance regulatorio y las implicaciones económicas derivadas de su aplicación. A partir de ese análisis, trasladan cinco peticiones principales a la Administración: • En primer lugar, consideran que el actual diseño de la RAP atribuye de forma desproporcionada la responsabilidad a los sectores farmacéutico y cosmético, pese a que, según sostienen, no existe evidencia suficiente que demuestre que sean los principales responsables de la presencia de microcontaminantes en las aguas residuales. • En segundo lugar, señalan que persisten importantes incertidumbres sobre el alcance de las obligaciones y los criterios de exención, lo que dificulta estimar el impacto económico de la medida. • También advierten de que España todavía dispone de una implantación muy limitada del tratamiento cuaternario de las aguas residuales. • Además, solicitan que la transposición española no imponga obligaciones superiores a las previstas por la Directiva europea y que la contribución empresarial se limite al 80 % de los costes elegibles. • Por último, las asociaciones reclaman que la futura normativa española incorpore mecanismos de revisión que permitan adaptarla a posibles cambios derivados de resoluciones judiciales, nuevos estudios científicos o modificaciones del marco regulatorio europeo. 19 noticias
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