Según ANGED, los problemas financieros y de liquidez ocasionados por el cierre total durante dos meses y medio de las tiendas son comunes a todo el comercio y sectores, no sólo del pequeño comercio. Demandan y proponen medidas para un paquete fiscal y financiero potente y efectivo, equiparable al de los principales países del entorno, que ayude a salvar la actividad de nuestro sector productivo, aliviar sus cargas fiscales y reducir sus costes fijos.
En ese sentido, ANGED comprende que si el pequeño comercio no dispone de “músculo financiero” como ha explicado el Presidente, la obligación del Gobierno es ofrecer soluciones que mejoren esa situación de falta de liquidez, sin penalizar la situación del resto de operadores retrasando la reapertura de las tiendas de mayor tamaño. En todos los países del entorno el comercio está abierto. Según ANGED, razones que argumenta el Presidente, que responden a criterios políticos y económico, generan una discriminación que afecta a la competencia efectiva en el mercado, vulnerando la Ley de Defensa de la Competencia.
La mayor parte de las tiendas de las empresas asociadas a ANGED llevan tres meses cerradas, con casi 100.000 empleados en situación de ERTE y sujetas a una situación de inseguridad jurídica extrema, con medidas discrecionales permanentes muy difíciles de manejar. ANGED considera que se trata de un un sector que ocupa de forma directa a 230.000 personas en toda España y de la que depende una cadena de valor de 30.000 millones de euros, formada principalmente por pymes de la industria y los servicios ahora también paradas. Algunas de nuestras empresas tienen más de 9.500 proveedores españoles, también sujetos a la discrecionalidad de la decisiones políticas.