La evaluación de la seguridad de los productos cosméticos (Sentencia del Tribunal de la Unión Europea del 12 de abril de 2018), por Alejandro Alonso de Dentons

La evaluación de la seguridad en los productos cosméticos es una cuestión de gran importancia que el legislador europeo no ha querido dejar de regular. En este sentido, uno de los artículos más relevantes del Reglamento (CE) nº 1223/2009, sobre los productos cosméticos (de ahora en adelante, “Reglamento nº 1223/2009”), es el artículo 10 que establece y regula las bases de la evaluación de seguridad de los productos cosméticos.

Cuando el legislador europeo comenzó a desarrollar políticas que unificaran los procedimientos en materia de cosméticos su objetivo era dotar de unidad e igualdad a todos los productos cosméticos formulados y creados en cualquier Estado Miembro de la Unión Europea. Una de principales preocupaciones del legislador fue que todos los productos que se crearan hubieran pasado por una evaluación de seguridad lo más parecida posible de tal manera que los productos que salieran al mercado cumplieran con unos estándares de protección comunes y así se fomentara el mercado interior.

A la hora de idear el Reglamento nº 1223/2009 se consideró que uno de los pilares que soportarían las nuevas políticas comunes en materia de cosméticos era la seguridad de los productos. Para los consumidores saber que existe este tipo de regulación es una fuente de tranquilidad en la medida en que cualquier producto que adquieran comercializado en la Unión Europea debe haber pasado una evaluación de seguridad realizada por personas preparadas para poder emitir este tipo de informes.

En el artículo de este mes vamos a realizar un análisis de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 12 de abril de 2018, en el Asunto C-13/2017. En ella, se valora el art. 10.2 del Reglamento nº 1223/2009 sobre la evaluación de la seguridad de los productos cosméticos y la capacidad de los Estados Miembros de la Unión Europea para determinar sus propias de políticas y cumplir con las premisas de este texto legal.

El nuevo reglamento europeo de protección de datos y su impacto en la recogida de los datos de los clientes, por Alejandro Alonso de Dentons

Numerosos establecimientos cosméticos ofrecen fichas de clientes a sus consumidores con el objetivo de fidelizarlos. La creación de estas fichas tienen diferentes finalidades pero todas van enfocadas a proporcionar un mejor servicio a sus clientes. Por un lado, estas fichas están encaminadas a permitir el envío de comunicaciones publicitarias, ofertas promocionales, descuentos, novedades…, mientras que otras van dirigidas a hacer un seguimiento de los productos que adquiere cada cliente, analizar los que más se venden o simplemente ayudar al cliente en su próxima compra.

En cualquier caso, sea con el fin que fuere, estas fichas recogen datos personales de cada consumidor. Información como nombre, apellidos, domicilio, teléfono, dirección, email, o sexo. En ocasiones pueden pedir alguna información adicional, pero lo más frecuente es recopilar estos datos que permiten identificar a la persona y facilitan ponerse en contacto con ella.

Toda esta información está protegida por la protección de datos de carácter personal y su normativa correspondiente que se encarga de velar porque los datos personales de cada interesado estén debidamente tratados, y que el interesado tenga información suficiente sobre el tratamiento de los mismos.

En este artículo nos disponemos a hacer una valoración de cómo ha cambiado la normativa en materia de protección de datos tras la entrada en vigor con fecha del pasado 25 de mayo de 2018 del Reglamento General Europeo de Protección de Datos (de ahora en adelante, “RGPD”) y así poder entender la nueva información que debe constar en las fichas de clientes así como poder dar a conocer los derechos que como interesados tenemos cuando recaban información personal.

La normativa sobre cosmética ecológica y natural, por Alejandro Alonso de Dentons

En los últimos años, tanto el sector cosmético como el mundo de los productos ecológicos se han desarrollado y han crecido exponencialmente. Con ello, era fácil imaginar que llegaría el día en el que la industria cosmética comenzaría a implementar la utilización de materiales e ingredientes ecológicos en sus composiciones. Con el paso de los años, los consumidores de cosméticos se han ido interesando por este tipo de productos, así como por marcas que son “ecológicamente sostenibles”. De ahí que organizaciones dedicadas a la regulación, cuidado y desarrollo de productos ecológicos hayan empezado a tener especial relevancia en el sector.

Novedad legislativa en el ámbito de la cosmética, por Alejandro Alonso de Dentons

Como se ha puesto de manifiesto en artículos anteriores, la normativa de referencia en el mundo cosmético es el Reglamento (CE) nº 1223/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre los productos cosméticos (de ahora en adelante, “Reglamento nº 1223/2009”).

Ha situado a la Unión Europea en el punto de referencia en materia de cosmética pues incorporó una serie de prohibiciones y obligaciones nuevas como la prohibición de los ensayos en animales, la regulación de las obligaciones de las personas responsables y distribuidores de los cosméticos, el sistema de cosmetovigilancia, los ingredientes prohibidos o aquellos cuyo uso se encuentra limitado al cumplimiento de determinadas características, o las buenas prácticas en la fabricación, entre otras. Una larga lista que ha posicionado a la Unión Europea como uno de los referentes internacionales más importantes en materia de cosmética y que hemos ido analizando en artículos anteriores.

Para los consumidores, la normativa europea también ha supuesto cambios y, sobre todo, más seguridad e información a la hora de adquirir productos.

No obstante, la normativa europea deja determinados aspectos en manos de los Estados Miembros de la Unión Europea para que sean ellos, con sus propios medios, quienes regulen las cuestiones que se trataran a continuación. Desde el 23 de febrero de este 2018, el gobierno español ha complementado la normativa europea con un nuevo Real Decreto en materia de cosméticos. Se trata del Real Decreto 85/2018, de 23 de febrero, por el que se regulan los productos cosméticos (de ahora en adelante, “RD nº 85/2018”).

En este artículo nos disponemos a hacer una síntesis del RD nº 85/2018, destacando aquellas cuestiones no desarrolladas en el Reglamento nº 1223/2009.

Nanomateriales en los productos cosméticos. Su regulación en el mercado comunitario por Alejandro Alonso de Dentons

En artículos anteriores, se ha tratado el tema de los ingredientes de los productos cosméticos. Los consumidores quieren saber cuáles son los componentes de los cosméticos que adquieren, su formulación, y en qué cantidades se utilizan.

Con carácter general, la persona que compra un cosmético, se fija en la composición y sus ingredientes para elegir el producto que se adecúa más a sus necesidades. Así, en función de la edad, el sexo, las características de la piel, o el efecto que quiere conseguir, el consumidor elegirá un cosmético u otro y lo hará sobre la base de la composición que mejor se adapte a sus necesidades.

En la actualidad, numerosos fabricantes de productos cosméticos se han lanzado a investigar, trabajar e incluir partículas diminutas, con unas características muy específicas que se conocen como nanomateriales.

Debido a su uso, la Unión Europea se ha visto obligada a regularlos. Por ello, en el Reglamento (CE) nº 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre los productos cosméticos (de ahora en adelante, “Reglamento nº 1223/2009”), se hace un análisis acerca de los mismos y los requisitos que éstos han de cumplir para que se acepten en el mercado comunitario.

Por lo tanto, en este artículo vamos a hacer una revisión de los requisitos que se imponen a los productos que contienen nanomateriales así como un análisis sobre el deber que tienen los responsables de los cosméticos de notificar su existencia.

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto “Coty Germany”, por Alejandro Alonso de Dentons

El art. 1, apartado 1, letra e) del Reglamento (UE) Nº 330/2010 de la Comisión de 20 de abril de 2010 relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas (de ahora en adelante, Reglamento 330/2010) define la distribución selectiva como el sistema a través del cual el proveedor se compromete a vender los bienes o servicios contractuales, directa o indirectamente, solo a distribuidores seleccionados sobre la base de criterios específicos, y los distribuidores se comprometen a no vender tales bienes o servicios a agentes no autorizados en el territorio en el que el proveedor haya decidido aplicar este sistema.

Así, cuando el titular de una marca crea un sistema de distribución selectiva para distribuir sus productos espera que los productos no se comercialicen por terceros no autorizados. Las limitaciones y requisitos que impone el titular de la marca tienen el objetivo de preservar la imagen de lujo que proyectan dichos productos. Por ello, para los titulares de las marcas resulta fundamental que los distribuidores respeten los criterios fijados.

En este artículo vamos a analizar la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 6 de diciembre de 2017, el asunto Coty Germany, en la que se analiza si la prohibición que establece un proveedor a sus distribuidores autorizados de recurrir a plataformas de terceros para vender por internet atenta contra la libre competencia y si supone una restricción a la clientela y a las ventas pasivas.