Las principales asociaciones españolas de los sectores farmacéutico y cosmético han hecho público un comunicado conjunto en el que muestran su apoyo a los objetivos ambientales de la Directiva (UE) 2024/3019 sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas, al tiempo que reclaman una transposición "proporcionada, equilibrada y jurídicamente segura" al ordenamiento español.
El pronunciamiento llega tras la finalización de la consulta pública previa del Anteproyecto de Ley impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para adaptar la normativa española a esta directiva, en vigor desde enero de 2025, cuyo objetivo es modernizar las plantas de tratamiento de aguas residuales para reducir la presencia de microcontaminantes.
El comunicado está suscrito por la Asociación Española de Laboratorios de Medicamentos Huérfanos y Ultrahuérfanos (Aelmhu), la Asociación Española de Medicamentos Genéricos (Aeseg), la Asociación para el Autocuidado de la Salud (Anefp), la Asociación Española de Bioempresas (AseBio), la Asociación Española de Medicamentos Biosimilares (BioSim), Farmaindustria y Stanpa.
Preocupación por el sistema de responsabilidad ampliada del productor
Las asociaciones afirman compartir plenamente el objetivo de mejorar la calidad de las aguas residuales y reforzar la protección del medio ambiente y la salud pública. Sin embargo, expresan su preocupación por el diseño del sistema de responsabilidad ampliada del productor (RAP), al considerar que introduce una elevada incertidumbre regulatoria, técnica y económica para las empresas afectadas.
Asimismo, recuerdan que el marco europeo continúa sujeto a debate jurídico, tras el recurso presentado por Polonia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la cuestión prejudicial planteada por un tribunal irlandés sobre la validez del régimen de RAP.
Con el fin de analizar el impacto de la Directiva, las siete organizaciones encargaron a PwC un informe técnico y jurídico sobre su alcance regulatorio y las implicaciones económicas derivadas de su aplicación.
Cinco propuestas para la transposición española
A partir de ese análisis, las asociaciones trasladan cinco peticiones principales a la Administración:
- En primer lugar, consideran que el actual diseño de la RAP atribuye de forma desproporcionada la responsabilidad a los sectores farmacéutico y cosmético, pese a que, según sostienen, no existe evidencia suficiente que demuestre que sean los principales responsables de la presencia de microcontaminantes en las aguas residuales. En este sentido, recuerdan que el Parlamento Europeo aprobó el pasado 18 de junio una moción para solicitar un nuevo estudio independiente que revise tanto el origen de estos contaminantes como los costes reales del tratamiento cuaternario.
- En segundo lugar, señalan que persisten importantes incertidumbres sobre el alcance de las obligaciones y los criterios de exención, lo que dificulta estimar el impacto económico de la medida. Según el informe elaborado para las asociaciones, las previsiones de coste oscilan entre 134 y 346 millones de euros anuales, equivalentes a entre 2.680 y 6.920 millones de euros en un horizonte de veinte años.
- También advierten de que España todavía dispone de una implantación muy limitada del tratamiento cuaternario de las aguas residuales, por lo que consideran que las empresas no deberían asumir costes hasta que estas instalaciones estén plenamente operativas y sus costes hayan sido verificados.
- Además, solicitan que la transposición española no imponga obligaciones superiores a las previstas por la Directiva europea y que la contribución empresarial se limite al 80 % de los costes elegibles, mientras que el resto sea asumido mediante financiación pública.
- Por último, las asociaciones reclaman que la futura normativa española incorpore mecanismos de revisión que permitan adaptarla a posibles cambios derivados de resoluciones judiciales, nuevos estudios científicos o modificaciones del marco regulatorio europeo.
En conjunto, las organizaciones defienden que la transposición de la Directiva combine la consecución de sus objetivos ambientales con un marco regulatorio que aporte seguridad jurídica, proporcionalidad y un reparto equilibrado de las responsabilidades entre los distintos sectores implicados.
