Ya hemos hecho en otros artículos de esta publicación alusión al concepto de consumo ético y su creciente presencia en el sector de la cosmética, incluyendo implícitamente los productos ecológicos y sostenibles. Si bien llegamos a la conclusión que aún quedaba mucho camino por recorrer en esta materia por parte de nuestros legisladores, la buena noticia es que la Comisión Europea está adoptando una postura dinámica en este tema. Dicho dinamismo se ha manifestado, entre otros, mediante la comunicación en diciembre de 2019 del Pacto Verde Europeo, y en la consecutiva adopción en marzo de 2020 del nuevo Plan de Acción de Economía Circular.

En el sector cosmético, se ha podido observar una tendencia muy marcada del consumidor hacia una postura de consumo ético. Existe un factor que influencia al consumidor en su toma de decisiones de compra consistente en que el cosmético tenga un impacto positivo en el entorno social y medioambiental que le rodea. Para dar respuesta a los intereses actuales del consumidor, las empresas del sector se reinventan día tras día e invierten masivamente en innovación de productos que reúnan características como “naturales”, “sostenibles”, “ecológicos” o “eco-friendly” con embalajes reciclables o reutilizables, “veganos”, “cruelty-free” etc.

En esta sección de la revista, ya hemos hablado en alguna ocasión de la contratación de influencers en el sector cosmético. Resaltamos que, aunque no existiera una norma específicamente dictada para los influencers, estos últimos están sometidos a toda una serie de obligaciones legales derivadas de un marco legal disperso en nuestro ordenamiento jurídico, que incluye desde la Ley General de Publicidad y la Ley de Competencia Desleal hasta la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, así como la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, entre otras.

El 17 de diciembre de 2020, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, el “TJUE”) dictó una sentencia para resolver ciertas cuestiones prejudiciales relativas a las disposiciones aplicables al etiquetado de los productos cosméticos comercializados en la Unión Europea. Los requisitos exigidos en materia de etiquetado de cosméticos se encuentran regulados, a nivel europeo, principalmente en el artículo 19 del Reglamento (CE) nº 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre los productos cosméticos (en adelante, el “Reglamento Europeo”).

En este artículo analizaremos los hechos del caso que han dado lugar a este procedimiento, las cuestiones prejudiciales planteadas, las respuestas razonadas que aporta el TJUE, así como las consecuencias prácticas y la aplicación de estas en el sector, siendo la principal novedad, la obligación de incluir en el etiquetado del producto cosmético el uso y modo de empleo de este para que el consumidor esté claramente informado.

El Reglamento número 330/2010 de la Comisión Europea de 20 de abril de 2010, relativo a la aplicación del artículo 101.3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas y sus directrices (en adelante, el “Reglamento de Acuerdos Verticales”) tiene por objeto desarrollar la regulación aplicable a los contratos conocidos como “verticales”, incluidos los contratos de distribución selectiva, que son comúnmente suscritos en la práctica para la distribución de productos cosméticos de lujo. Este reglamento de crucial importancia en el sector de la cosmética expira el 31 de mayo de 2022. Habida cuenta de la próxima expiración de dicho reglamento, la Comisión Europea inició un procedimiento de evaluación del citado reglamento para analizar el funcionamiento de esta norma que lleva en vigor 10 años, con el fin de tomar una decisión respecto a si el Reglamento de Acuerdos Verticales debe expirar, ser prolongado o ser revisado.

El pasado mes de mayo la Agencia Española de Protección de Datos actualizó la guía de cookies adaptando este documento a las directrices sobre consentimiento revisadas por el Comité Europeo de Protección de Datos de fecha 4 de mayo del presente año, introduciendo cambios cuyo cumplimiento será obligatorio a partir del 31 de octubre de 2020.