En el sector cosmético, se ha podido observar una tendencia muy marcada del consumidor hacia una postura de consumo ético. Existe un factor que influencia al consumidor en su toma de decisiones de compra consistente en que el cosmético tenga un impacto positivo en el entorno social y medioambiental que le rodea. Para dar respuesta a los intereses actuales del consumidor, las empresas del sector se reinventan día tras día e invierten masivamente en innovación de productos que reúnan características como “naturales”, “sostenibles”, “ecológicos” o “eco-friendly” con embalajes reciclables o reutilizables, “veganos”, “cruelty-free” etc.

En esta sección de la revista, ya hemos hablado en alguna ocasión de la contratación de influencers en el sector cosmético. Resaltamos que, aunque no existiera una norma específicamente dictada para los influencers, estos últimos están sometidos a toda una serie de obligaciones legales derivadas de un marco legal disperso en nuestro ordenamiento jurídico, que incluye desde la Ley General de Publicidad y la Ley de Competencia Desleal hasta la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, así como la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, entre otras.

El 17 de diciembre de 2020, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, el “TJUE”) dictó una sentencia para resolver ciertas cuestiones prejudiciales relativas a las disposiciones aplicables al etiquetado de los productos cosméticos comercializados en la Unión Europea. Los requisitos exigidos en materia de etiquetado de cosméticos se encuentran regulados, a nivel europeo, principalmente en el artículo 19 del Reglamento (CE) nº 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre los productos cosméticos (en adelante, el “Reglamento Europeo”).

En este artículo analizaremos los hechos del caso que han dado lugar a este procedimiento, las cuestiones prejudiciales planteadas, las respuestas razonadas que aporta el TJUE, así como las consecuencias prácticas y la aplicación de estas en el sector, siendo la principal novedad, la obligación de incluir en el etiquetado del producto cosmético el uso y modo de empleo de este para que el consumidor esté claramente informado.

El Reglamento número 330/2010 de la Comisión Europea de 20 de abril de 2010, relativo a la aplicación del artículo 101.3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas y sus directrices (en adelante, el “Reglamento de Acuerdos Verticales”) tiene por objeto desarrollar la regulación aplicable a los contratos conocidos como “verticales”, incluidos los contratos de distribución selectiva, que son comúnmente suscritos en la práctica para la distribución de productos cosméticos de lujo. Este reglamento de crucial importancia en el sector de la cosmética expira el 31 de mayo de 2022. Habida cuenta de la próxima expiración de dicho reglamento, la Comisión Europea inició un procedimiento de evaluación del citado reglamento para analizar el funcionamiento de esta norma que lleva en vigor 10 años, con el fin de tomar una decisión respecto a si el Reglamento de Acuerdos Verticales debe expirar, ser prolongado o ser revisado.

El pasado mes de mayo la Agencia Española de Protección de Datos actualizó la guía de cookies adaptando este documento a las directrices sobre consentimiento revisadas por el Comité Europeo de Protección de Datos de fecha 4 de mayo del presente año, introduciendo cambios cuyo cumplimiento será obligatorio a partir del 31 de octubre de 2020.

Como ya se ha señalado en alguna publicación anterior, las marcas son uno de los actores principales en la industria cosmética y de perfumería. La mayoría de los consumidores adquieren cosméticos de marcas específicas porque se adecúan a las necesidades que tienen. De ahí que existan marcas para todo tipo de consumidores: aquellos que buscan economizar, aquellos que buscan tecnología y desarrollo en el producto, los que buscan productos naturales o los que buscan el prestigio de la firma.

No son pocas las veces que encontramos grandes grupos del sector con varias marcas registradas a su nombre. Desarrollan diferentes tipos de productos y los venden en una u otra marca dependiendo de sus características. Esta estrategia les ayuda a colocar sus productos en el mercado en uno u otro grupo de consumidores dependiendo del rango de calidad y exclusividad que se pretenda.

Estas marcas se protegen bien a través de su registro en España o a través de su registro en la Unión Europea. Este sistema de protección es un sistema dual que las convierte en marcas nacionales o marcas de la Unión según el mecanismo de registro empleado.

Como consecuencia de dicho sistema dual y de las diferencias existentes en los sistemas de registro y protección de las marcas en cada uno de los Estados Miembros, la Unión Europea aprueba la Directiva (UE) 2015/2436, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas (de ahora en adelante, “Directiva (UE) 2015/2436”) .

Las directivas han de ser transpuestas por los Estados Miembros para que sean de aplicación en los territorios. Por esta razón, a finales de 2018, se aprueba el Real Decreto-Ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados (de ahora en adelante, “RD-Ley 23/2018”) que modifica la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (de ahora en adelante, “Ley de Marcas”) en diferentes aspectos que detallaremos a continuación.

Estas modificaciones son un importante paso hacia la armonización de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas. No obstante, a día de hoy, si bien el RD-Ley 23/2018 ha entrado en vigor, hay determinados aspectos de la norma que necesitan desarrollo reglamentario por lo que, hasta que su reglamento de aplicación no se apruebe, algunas de las novedades no pueden implementarse en su totalidad.

Las modificaciones que veremos a continuación van a tener un impacto directo en el sector de la cosmética y la perfumería en la medida en que facilitarán el proceso de protección de los derechos que tienen los titulares de las marcas, así como permitirán avanzar en el desarrollo de nuevas marcas. Con el objetivo de dar a conocer el RD-Ley 23/2018, vamos a realizar una síntesis de las novedades más significativas y las implicaciones que tendrán en el ámbito de la industria de la perfumería y cosmética.