La nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética aprobada hoy por el Congreso, obligará a más de 200 compañías cotizadas y entidades de contratación pública a calcular y registrar la huella de carbono y a publicar un plan de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a partir de 2023. De esta forma, se sumarán a la iniciativa de cerca de 750 empresas, en su mayoría pymes, que registraron su impacto medioambiental en 2019, y a unas 1000 instalaciones que deben reportar sus emisiones de CO2 en el entorno del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión Europeo para el cumplimiento del Protocolo de Kioto. De hecho, de los 313,5 millones de toneladas de emisiones brutas de CO2 equivalentes de España, cerca del 35% se correspondieron con este tipo de instalaciones.